Personas con discapacidad ante la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe: situación y orien
Publicado: Mar Jun 23, 2020 8:43 am
Resumen
En el contexto de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está elaborando una serie de publicaciones cortas con recomendaciones de política relevantes para este período. En la presente nota se plantea una serie de recomendaciones para abordar el impacto
del COVID-19 en las personas con discapacidad de la región.
Introducción
En América Latina y el Caribe residen mas de 70 millones de personas con discapacidad (CEPAL, 2014), que son diversas y experimentan discriminaciones múltiples y simultáneas debido a su situación socioeconómica, su género, edad, lugar de residencia, condición étnico-racial y estatus migratorio, entre otras. Las personas con discapacidad ya se encontraban entre las más excluidas en nuestras sociedades antes de la pandemia del COVID-19 y con la llegada de esta crisis sanitaria y sus devastadores impactos sociales y económicos estarán entre las más afectadas, junto con sus familias, lo que profundizará su situación de exclusión y marginación.
La asociación entre pobreza y discapacidad es uno de los factores que subyacen a la persistente exclusión de esta población. Los estudios sobre el vínculo entre discapacidad y pobreza coinciden en que se trata de una relación compleja e interdependiente, que opera a través de diversos canales. La discapacidad es una causa y, a su vez, una consecuencia de la pobreza. En términos generales, las personas que viven en situación de pobreza pueden tener un mal estado de salud y disponer de un acceso limitado a servicios para tratar esos problemas, carecer de una nutrición adecuada, residir en viviendas precarias sin acceso a agua potable y saneamiento, desempeñar trabajos peligrosos y vivir en áreas donde están expuestas a diferentes manifestaciones de violencia, todo lo cual puede aumentar su probabilidad de desarrollar alguna limitación (CEPAL, 2019a).
Asimismo, existen varios factores que pueden redundar en una mayor vulnerabilidad de la población con discapacidad a vivir en situación de pobreza. Desde un punto de vista de ciclo de vida, la exclusión de un niño o una niña con discapacidad del sistema educativo repercute en sus bajos logros educativos, lo que perjudica sus posibilidades posteriores de acceder a un trabajo decente, con ingresos suficientes y acceso a la protección social (CEPAL, 2019a). Esta exclusión se debe a barreras de diferente índole: de accesibilidad (por ejemplo, la accesibilidad física de las escuelas y del transporte), del contexto escolar (por ejemplo, la capacitación de profesores, materiales de aprendizaje, currículos adaptados), financieras y, sobre todo, a las barreras actitudinales de los profesores, los estudiantes y los padres y madres de los demás estudiantes (CEPAL, 2019b).
La inserción laboral de las personas con discapacidad se ve afectada negativamente por la falta de accesibilidad en la vía pública y en los lugares de trabajo, la falta de ajustes razonables necesarios para garantizar el ejercicio pleno del derecho al trabajo en igualdad de condiciones, así como por la discriminación y la persistencia de estereotipos negativos. En el ámbito laboral, algunos de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad operan a nivel individual (baja calificación técnica y pocas habilidades blandas) y familiar (bajas expectativas familiares y sobreprotección familiar), barreras en el entorno (interrupciones en la cadena de accesibilidad desde el hogar hasta el lugar de trabajo) y los que enfrentan en los lugares de trabajo (desconocimiento y falta de experiencia con personas con discapacidad y una cultura poco inclusiva). Como consecuencia, las personas con discapacidad tienen tasas de desempleo más altas y una mayor probabilidad de no ser económicamente activas que las personas sin discapacidad. Si están trabajando, tienen mayor probabilidad de tener empleos mal remunerados, informales e inestables, con limitadas perspectivas profesionales (CEPAL, 2019b). Por otra parte, aun con un mismo nivel de ingresos, los hogares que tienen entre sus miembros a una persona con discapacidad deben incurrir en mayores gastos debido a los costos asociados a los servicios de salud, la rehabilitación y la educación especializados, la compra y mantención de dispositivos de asistencia, los medicamentos y el transporte, entre otros. Además, cubrir las necesidades de cuidado de la persona con discapacidad puede obligar a algún miembro del hogar, frecuentemente una mujer, a retirarse del mercado laboral, lo que afecta los ingresos del hogar. Cuando no existen mecanismos de apoyo para cubrir o subvencionar estos costos y necesidades, deben ser costeados por la familia, lo que puede provocar o agravar situaciones de pobreza (CEPAL, 2019a).
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http://forociudadano.do/wp-content/uplo ... ID19-1.pdf
En el contexto de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está elaborando una serie de publicaciones cortas con recomendaciones de política relevantes para este período. En la presente nota se plantea una serie de recomendaciones para abordar el impacto
del COVID-19 en las personas con discapacidad de la región.
Introducción
En América Latina y el Caribe residen mas de 70 millones de personas con discapacidad (CEPAL, 2014), que son diversas y experimentan discriminaciones múltiples y simultáneas debido a su situación socioeconómica, su género, edad, lugar de residencia, condición étnico-racial y estatus migratorio, entre otras. Las personas con discapacidad ya se encontraban entre las más excluidas en nuestras sociedades antes de la pandemia del COVID-19 y con la llegada de esta crisis sanitaria y sus devastadores impactos sociales y económicos estarán entre las más afectadas, junto con sus familias, lo que profundizará su situación de exclusión y marginación.
La asociación entre pobreza y discapacidad es uno de los factores que subyacen a la persistente exclusión de esta población. Los estudios sobre el vínculo entre discapacidad y pobreza coinciden en que se trata de una relación compleja e interdependiente, que opera a través de diversos canales. La discapacidad es una causa y, a su vez, una consecuencia de la pobreza. En términos generales, las personas que viven en situación de pobreza pueden tener un mal estado de salud y disponer de un acceso limitado a servicios para tratar esos problemas, carecer de una nutrición adecuada, residir en viviendas precarias sin acceso a agua potable y saneamiento, desempeñar trabajos peligrosos y vivir en áreas donde están expuestas a diferentes manifestaciones de violencia, todo lo cual puede aumentar su probabilidad de desarrollar alguna limitación (CEPAL, 2019a).
Asimismo, existen varios factores que pueden redundar en una mayor vulnerabilidad de la población con discapacidad a vivir en situación de pobreza. Desde un punto de vista de ciclo de vida, la exclusión de un niño o una niña con discapacidad del sistema educativo repercute en sus bajos logros educativos, lo que perjudica sus posibilidades posteriores de acceder a un trabajo decente, con ingresos suficientes y acceso a la protección social (CEPAL, 2019a). Esta exclusión se debe a barreras de diferente índole: de accesibilidad (por ejemplo, la accesibilidad física de las escuelas y del transporte), del contexto escolar (por ejemplo, la capacitación de profesores, materiales de aprendizaje, currículos adaptados), financieras y, sobre todo, a las barreras actitudinales de los profesores, los estudiantes y los padres y madres de los demás estudiantes (CEPAL, 2019b).
La inserción laboral de las personas con discapacidad se ve afectada negativamente por la falta de accesibilidad en la vía pública y en los lugares de trabajo, la falta de ajustes razonables necesarios para garantizar el ejercicio pleno del derecho al trabajo en igualdad de condiciones, así como por la discriminación y la persistencia de estereotipos negativos. En el ámbito laboral, algunos de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad operan a nivel individual (baja calificación técnica y pocas habilidades blandas) y familiar (bajas expectativas familiares y sobreprotección familiar), barreras en el entorno (interrupciones en la cadena de accesibilidad desde el hogar hasta el lugar de trabajo) y los que enfrentan en los lugares de trabajo (desconocimiento y falta de experiencia con personas con discapacidad y una cultura poco inclusiva). Como consecuencia, las personas con discapacidad tienen tasas de desempleo más altas y una mayor probabilidad de no ser económicamente activas que las personas sin discapacidad. Si están trabajando, tienen mayor probabilidad de tener empleos mal remunerados, informales e inestables, con limitadas perspectivas profesionales (CEPAL, 2019b). Por otra parte, aun con un mismo nivel de ingresos, los hogares que tienen entre sus miembros a una persona con discapacidad deben incurrir en mayores gastos debido a los costos asociados a los servicios de salud, la rehabilitación y la educación especializados, la compra y mantención de dispositivos de asistencia, los medicamentos y el transporte, entre otros. Además, cubrir las necesidades de cuidado de la persona con discapacidad puede obligar a algún miembro del hogar, frecuentemente una mujer, a retirarse del mercado laboral, lo que afecta los ingresos del hogar. Cuando no existen mecanismos de apoyo para cubrir o subvencionar estos costos y necesidades, deben ser costeados por la familia, lo que puede provocar o agravar situaciones de pobreza (CEPAL, 2019a).
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